Encuentro nacional concluye con una agenda política, anuncio de movilizaciones y defensa activa del territorio frente a leyes y políticas extractivas

Organizaciones indígenas, originarias y campesinas de tierras altas y tierras bajas concluyeron el Encuentro por la Tierra y Territorio, convocado por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), declarando estado de emergencia y resistencia, exigiendo la abrogación de la Ley 1720 y rechazando el proyecto de Ley 060 de mercados de carbono.

El encuentro, que reunió a cerca de 200 participantes de 28 organizaciones del país, aprobó una Agenda Nacional de Tierra y Territorio y definió una ruta de acción política, organizativa y jurídica frente a lo que consideran una amenaza estructural a sus derechos y territorios.

Como principal resolución, las organizaciones demandaron la abrogación inmediata de la Ley 1720, señalando que vulnera la Constitución, promueve la concentración de la tierra y pone en riesgo la propiedad colectiva indígena.

Asimismo, expresaron un rechazo contundente a los mercados de carbono, advirtiendo que constituyen mecanismos de mercantilización del territorio impulsados sin consulta previa, libre e informada, y que pueden afectar el control territorial de los pueblos indígenas.

Durante la segunda jornada, el encuentro avanzó en la construcción colectiva de una agenda estructurada en cuatro ejes: tierra y territorio; medio ambiente y cambio climático; derechos colectivos y justicia indígena; y soberanía alimentaria.

Entre las principales determinaciones, las organizaciones exigieron:

• La titulación colectiva de territorios y la culminación de procesos de saneamiento pendientes.
• El respeto pleno a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC).
• El cumplimiento obligatorio de la consulta previa, libre e informada como derecho irrenunciable.
• La revisión y anulación de contratos vinculados a bonos de carbono firmados sin consulta.
• La derogación de normativas que promueven la deforestación, los incendios forestales y la expansión de la frontera agrícola.

En el ámbito ambiental, las organizaciones rechazaron proyectos extractivos vinculados a minería, hidrocarburos y tierras raras, señalando sus impactos en la biodiversidad, el agua y la vida de las comunidades.

En materia de soberanía alimentaria, se ratificó el rechazo a los transgénicos y a los modelos de monocultivo, reafirmando el derecho de los pueblos a decidir sobre sus sistemas productivos.

El encuentro también definió acciones concretas:

• La conformación de una Comisión Interterritorial Indígena para articular la defensa territorial.
• La construcción de una plataforma nacional de demandas junto a organizaciones matrices.
• La activación de una ruta jurídica, política y comunicacional.
• La articulación con movilizaciones en curso, como la marcha en rechazo a la Ley 1720.

Las organizaciones se declararon en estado de emergencia y resistencia en sus territorios, advirtiendo que cualquier vulneración será enfrentada y sancionada en el marco de la justicia indígena.

“El territorio es nuestra casa grande, no vamos a renunciar a él, porque en él está nuestra vida”, señala el pronunciamiento aprobado.

Asimismo, reafirmaron que los derechos colectivos, como la autonomía, la consulta previa y la propiedad colectiva, son conquistas históricas que no serán negociadas ni retrocedidas.

El encuentro concluyó con la validación de la Agenda Nacional de Tierra y Territorio y con el compromiso de fortalecer la unidad del movimiento indígena originario campesino para enfrentar las políticas que afectan sus territorios.