La Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), junto con las organizaciones que la integran a nivel regional, emitió un pronunciamiento para exigir al Gobierno Nacional respeto a los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios ante unas medidas políticas y ambientales que profundizan el modelo de desarrollo extractivo y vulneran los Derechos colectivos.

La CNAMIB recordó que la promulgación del Decreto Supremo 5503 constituyó una afrenta directa a la Constitución Política del Estado (CPE) por permitir el ingreso de empresas transnacionales, agroindustriales y cooperativas mineras a los territorios indígenas, lo que vulnera el derecho a la consulta previa y consentimiento de las comunidades. Por ello, saludó a las organizaciones que se movilizaron para lograr la abrogación de dicha medida.

En el pronunciamiento, la CNAMIB recordó que los territorios indígenas “no están en venta, no se negocian y no pueden ser reducidos a zonas de sacrificio” donde solo se extraen los recursos naturales, se destruye la vida existente y se vulneran los derechos. Además, enfatizó que las medidas económicas que asumió el Gobierno evidencian que no hay ningún cambio de un régimen a otro y que, por el contrario, se profundiza el modelo de desarrollo extractivo que desconoce los derechos colectivos, territoriales y ambientales.

“El gobierno del presidente Rodrigo Paz no puede desconocer que en Bolivia existimos más de 70 pueblos indígenas que habitamos poco más de 400 territorios, reconocidos por el propio Estado como resultado de procesos históricos de lucha, movilización y pérdida de vidas”, indica el pronunciamiento.

Las organizaciones aseguraron que el Estado Plurinacional no puede eludir su responsabilidad de protección y respeto a los territorios y a la vida colectiva bajo el argumento de ‘abrir el mundo a Bolivia’. En cambio, tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, los derechos reconocidos de los pueblos indígenas y los compromisos asumidos en los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo de Escazú.

Asimismo, la CNAMIB le recordó al Gobierno que no permitirá la aprobación de normas de rango inferior ni la promoción de debates legislativos sin la participación de las mujeres, hombres, adultos mayores, niñas y niños indígenas que habitan en el Oriente, el Chaco y la Amazonía, y que son los principales afectados por las medidas extractivas.

En ese sentido, durante el encuentro evaluativo realizado el 15 y 16 de enero en Santa Cruz, las organizaciones que integran la CNAMIB resolvieron aprobar los siguientes puntos:

1. Convocar a las comunidades indígenas que habitan en los territorios del Oriente, el Chaco y la Amazonía a activar un estado de emergencia y alerta, frente a la nueva arremetida extractivista promovida por el gobierno central, que pretende vulnerar nuestros derechos colectivos y convertir nuestros territorios en zonas de sacrificio.
2. Las organizaciones indígenas no dudaremos en movilizarnos y hacer respetar nuestros derechos frente a las instituciones del Estado que desconocen que Bolivia es un Estado Plurinacional. En ese marco, defenderemos la Constitución Política del Estado de 2009, como resultado de la lucha histórica de nuestros abuelos, abuelas, madres y padres.
3. Desconocer y rechazar toda normativa aprobada por el Órgano Ejecutivo, así como cualquier ley o iniciativa legislativa, que incida en la seguridad jurídica d e nuestros territorios, en la vida de las comunidades o en la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales, cuando estas sean promovidas sin participación ni consulta previa. El Estado Plurinacional tiene la obligación de garantizar un modelo de desarrollo que priorice la vida de las comunidades y el derecho de todas y todos los bolivianos a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.
4. Demandar al gobierno el cumplimiento de la deuda histórica del Estado, concluyendo los procesos de saneamiento pendientes en el marco de la legislación vigente y reparando los daños y vulneraciones de derechos sufridos por los pueblos indígenas. En Bolivia, la tierra debe ser para quienes vivimos en ella, la cuidamos, la protegemos y la entendemos como un sujeto de derechos.
5. Exigimos al Estado Plurinacional garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de las mujeres indígenas, en particular la protección de su integridad física y colectiva, frente a las múltiples formas de violencia que enfrentan. Esta violencia no se limita al ámbito doméstico, sino que también es estructural y se ve agravada por la presencia de actividades extractivas promovidas por las políticas estatales y que profundizan la vulneración de sus derechos y de sus cuerpos-territorios.
6. Declaramos nuestro firme apoyo y solidaridad con las hermanas y hermanos que defienden la vida y el medio ambiente en la Reserva de Tariquía, en el departamento de Tarija. Expresamos también nuestra solidaridad con todas las defensoras y defensores ambientales, líderes y lideresas indígenas que hoy son objeto de persecución penal por la acción de empresas transnacionales y actores económicos que saquean nuestros territorios y áreas protegidas. Estas actividades no generan beneficios reales para el país y buscan preservar privilegios económicos a costa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de los derechos de la naturaleza.